Desde que asumió el gobierno, Pedro Castillo insiste en la creación de una nueva constitución política en el Perú, orientada para apoyar a los sectores sociales más bajos, y menos beneficiosa para quienes lo tienen casi todo. Apocalípticas lluvias de críticas y metrallas de miedo, desde entonces, caen sobre él.
Es indudable que Castillo es un personaje incompetente e ignorante, pero refleja la realidad de lo que ocurre con muchos profesores y profesionales en el interior de nuestro país.
Sus intenciones podrán ser buenas, sin embargo, ignora dónde vivimos y cómo salir adelante en el ambiente político peruano, el cual es uno de los más desafiantes de la región, debido a la ignorancia de las masas populares y la corrupción que impera, por tantos siglos, en la clase gobernante peruana.
Ante esto, lo que plantea no es descabellado ni una apología al terrorismo, menos un presagio de caos. Si Keiko Fujimori u otro político hubiese querido hacer otra constitución, no habría problema. El asunto es que Pedro Castillo es quien lo propone.
La población limeña desprecia al profesor cajamarquino y lo ve como un insulto viviente a su sofisticada inteligencia: un peligro enorme para su modo de vivir capitalino.
Para recordar...
Alberto Fujimori eliminó la Constitución promulgada en 1979. Sus congresistas hicieron una nueva, la de 1993, imprimiéndole su sello y ganancia personal. No hubo escándalos, porque controlaba los medios de comunicación. Castillo dista muchísimo de hacer lo mismo, porque proyecta una imagen pública débil y voluble.
Los medios noticiosos "se lo comen vivo", jactándose del pobrísimo léxico de nuestro actual presidente y de su casi ninguna habilidad para gobernar un país tan acostumbrado a la prepotencia, mano dura y chisme como es el Perú. Fujimori y Montesinos son estrategas; Castillo, no.
El contenido de la Constitución de 1993 no todo es negativo, pero es claro que beneficia a algunos sectores socioeconómicos del país, perjudica a quienes tienen pocos medios para protestar, y sobreprotege descomunalmente a organizaciones internacionales poderosas.
Obvio que la finalidad, al redactarla, fue crear vacíos legales y oportunidades para que estas últimas extraigan, lo más rápido que puedan, la mayor cantidad de riquezas naturales y capital humano del país. Por eso, dizque, la economía del Perú creció, cuando en realidad, solo agigantó las brechas de la desigualdad social.
Todo esto generó un caldo de cultivo enorme para luchas sociales y un sinfín de protestas contra gobiernos venideros. Cualquier persona, si tiene un poco de tiempo para investigar, llegaría a esta conclusión: Castillo tiene todo el derecho de que se promulgue una nueva constitución política peruana, tal como lo hizo Alberto Fujimori, pero esto jamás ocurrirá, porque:
- la Constitución de 1993 beneficia, en gran parte, el gobierno de la corrupción y de los modelos extractivistas extranjeros contra los intereses de la nación;
- cualquier cambio sucumbirá gracias al apoyo de la prensa peruana y los sectores económicos que solo ven al Perú como una mina de oro que, tarde o temprano, se agotará;
- Castillo no sabe comunicarse ni tiene una personalidad fuerte capaz de seguir sus ideales;
- si Castillo decidiera seguir los pasos de Alberto Fujimori sería el peor error de su vida, ya que no reúne las capacidades políticas, empáticas, cognitivas ni sicológicas de este; y,
- en la sociedad limeña prima la corrupción, el deseo desmedido por el dinero y la nula preocupación para que el Perú salga adelante realmente.
Finalmente, por lo expuesto aquí, lo que es viable, usando la lógica, es que se modifiquen aquellos artículos de la Constitución actual que mellen la estabilidad y justicia social de la población peruana, se agreguen más medidas para garantizar el bienestar general del país, y aclarando aquellas ambigüedades que solo aportan al empobrecimiento de nuestro país.
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